Colombia avanza en transparencia electoral

Durante los últimos años Colombia se ha puesto a la vanguardia en materia electoral en América Latina, pese a que aún falta mucho para garantizar total transparencia en esos procesos.

En ese sentido se pronunciaron la mayoría de participantes del Foro “Financiación de campañas electorales, las cuentas claras por unas elecciones transparentes” que se llevó a cabo el 15 de junio en Barranquilla, organizado por Revista SEMANA, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Escuela Superior de Administración Pública.

Todos los panelistas destacaron como un importante avance, la reforma política aprobada en diciembre de 2010, que está en revisión de la Corte Constitucional.
José Joaquín Vives, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que “Colombia es el único país que ha avanzado en América Latina en el control previo a las cuentas de los candidatos, gracias a los Tribunales de Garantías”, pero insistió en que se puede avanza más hacia la publicación de esa información en la web, en tiempo real, para facilitar el control ciudadano.  También destacó que este es el primer año en que va a intervenir en el proceso la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que maneja datos sobre lavado de activos.

Arturo Saravia, ex Ministro de Educación y ex Gobernador de Atlántico, afirmó que Colombia está a la vanguardia en el continente en lo que respecta a financiación de campañas, pero “aún no es suficiente”.

Algunos dirigentes de los partidos políticos insistieron en que la última reforma política ha forzado a las colectividades a acabar con la presunción de inocencia y a no dar avales a personas que están siendo investigadas, ante el riesgo de recibir fuertes sanciones si un candidato investigado resulta condenado tras ser elegido. Así lo afirmaron los Secretarios Generales de los partidos Liberal y Conservador, Mauricio Jaramillo y Humberto Mantilla, respectivamente.

César Saavedra, asesor del Partido Cambio Radical, dijo que en su colectividad las cosas son diferentes: “el candidato asume la responsabilidad de sus actos, firmando una declaración juramentada antes de que le entreguemos el aval”.

Durante el foro se escucharon críticas a la organización electoral, a los partidos, a los organismos de control y a la sociedad civil por el papel que hasta ahora han cumplido para evitar los fraudes electorales.

En respuesta a varios cuestionamientos a la  voluntad  de la Registraduría Nacional para evitar los fraudes electorales, Carlos Ariel Sánchez, Registrador Nacional del Estado Civil, destacó los esfuerzos que ha hecho la entidad.  “En los últimos tres años la Registraduría ha dado un salto enorme”, dijo.

Se refirió a la identificación biométrica de sufragantes que ya se aplicó en 24 elecciones atípicas, logrando erradicar la suplantación;  y a la publicación en Internet de las actas de escrutinio de jurados con el preconteo de votos.

Así mismo, destacó la elaboración de mapas de riesgo de inscripción de cédulas y de fraudes electorales;  el diseño de nuevos formularios para la inscripción de cédulas; el nuevo software para los sorteos aleatorios de jurados,  entre otras medidas.
La plataforma web del censo electoral, dijo el funcionario, permitió en 2010 hacer seguimiento de inscritos diariamente y generar alertas tempranas donde hubo un crecimiento inusitado.

El funcionario explicó que la vinculación de 13.000 supernumerarios que participan en los procesos electorales  se realiza mediante concursos públicos reglados en seis circulares y recordó que se adelantan 22 investigaciones en delegaciones departamentales por diversas irregularidades.

Claudia López, Directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), hizo  varias peticiones:  que los candidatos muestren sus inversiones en publicidad y los medios de comunicación avalen esa información, que se visibilice a los contratistas que contribuyen con las campañas, “porque eso es legítimo, pero creo que van a tratar de tercerizar ante los límites que pone la nueva ley”,  que las cuentas de los candidatos se coloquen en tiempo real en la web de la Registraduría, y pidió a la Fiscalía nombrar ya al Director de la Unidad de Delitos Electorales contemplado en la nueva ley, sin esperar a que concluya la revisión de la Corte Constitucional.

Juan Carlos Forero, Vicefiscal General de la Nación, llamó la atención de los ciudadanos para que denuncien no solo los delitos definidos como electorales en el Código Penal, sino otros que se cometen en relación con la financiación de las campañas, tales como enriquecimiento ilícito (dinero proveniente de actividades ilícitas); lavado de activos (no solo del narcotráfico, sino del tráfico de personas, de armas o de delitos contra la administración pública); concierto para delinquir agravado (recibir dinero de un grupo ilegal y peor aún si el grupo ha cometido acciones terroristas); receptación (recibir bienes de origen ilícito), entre otros.

El Vicefiscal recordó que se está capacitando a los trabajadores de las Unidades de Reacción Inmediata (URIS) de la Fiscalía, “para que interioricen cómo funciona todo el proceso electoral y estén prestos a recibir las denuncias de los ciudadanos y a perseguir de manera oportuna, ágil y eficaz estos delitos; el primer ensayo será en octubre”.
Sobre los partidos políticos, Alexandra García,  académica de la Universidad del Norte, dijo que “vivimos en una esquizofrenia entre el deber ser y el ser de la sociedad porque las regulaciones son para partidos, pero lo que existe en las regiones son maquinarias caudillistas para ganar elecciones”, aunque reconoció que se ha avanzado.

Otras discusiones surgieron en los paneles. Carlos Antonio Coronel, asesor del Secretario General del Partido de la U, pidió al Consejo Nacional Electoral  “aterrizar más a la realidad los topes de las campañas”, a lo que Vives contestó que “el problema no está en los gastos de la campaña, sino en las malas prácticas de las campañas”.
Jaramillo dijo que hace falta un Estatuto Único de Contratación “porque se volvió costumbre realizar convenios interadministrativos entre entidades públicas y privadas, y así cada gobernante pone lo que le viene en gana en los términos de referencia para evadir las leyes 1180 y 80 de contratación pública, con lo cual no hacen licitaciones, silencian a las corporaciones públicas y cooptan dirigentes”.

Ante una pregunta del auditorio sobre cómo evitar cuentas subterráneas con las que se violan los topes, Vives dijo que el CNE tiene facultad para pedir información de los candidatos y de las personas vinculadas a esos hechos, pero señaló que la entidad es muy pequeña y centralizada, por lo que pidió mayor participación ciudadana en ese sentido.

Otro de los miembros del auditorio propuso centralizar el manejo de los dineros estatales para las campañas en una sola cuenta bancaria a la que cada candidato accediera con un “pin”. Vives expresó acuerdo con tender hacia eso e incluso dijo que no debería haber reserva en las cuentas que manejaran los candidatos.

Sobre cómo maneja el CNE las quejas sobre propaganda electoral, Vives aclaró que esa corporación estableció vía doctrina que “se considera propaganda todo mensaje dirigido de manera masiva e indiscriminada para buscar apoyo electoral”, pero aclaró que “cada caso requiere un análisis y es difícil”, dijo.

También participaron en el foro  Gloria Ruíz, Jefe del Fondo de Campañas del CNE y  Ana  Belsú Domínguez, del Movimiento MIRA. Los voceros del Polo Democrático Alternativo y del Partido Verde no llegaron. Antes de octubre se realizarán dos foros más, el próximo es sobre Vigilancia Electoral el 24 de agosto  en el Hotel Spiwak Chipichape en Cali.