Memorías: LEGISLAR PARA LA PAZ

Instalación

El Senador Roy Barreras señaló que esta es una oportunidad para someter a la justicia transicional a los violentos, pero debemos ser los ciudadanos de bien quienes decidamos qué términos queremos ofrecer en una eventual negociación. Esta debe ser la segunda fase legislativa relacionada con un nuevo marco legal para la paz, luego de la aprobación de la Ley de Víctimas. Algunas de las preguntas claves que deberán discutirse se relacionan con la existencia del delito político, y el papel de la Corte Penal Internacional en este proceso. Señaló que debemos avanzar en “un ejercicio de creatividad legislativa a la colombiana”

Por su parte, el Embajador de Francia, Pierre Jean Vandoorne señaló la admiración de su país por el proceso de reformas que adelanta Colombia en torno a lograr garantizar los principios democráticos y la paz. Reiteró públicamente el compromiso de su país con esta causa. Señaló que el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno es una posición valiente, y el principio de una verdad.

A su vez, el Embajador de España, Nicolás Martín-Cinto indicó que la punta de lanza de cualquier proceso de paz deben ser los derechos de las víctimas. Recordó su preocupación en torno a varios asuntos: la privatización de los servicios de seguridad, la Ley de Minas, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, y la perspectiva de género dentro de estos procesos. Señaló que “La botella esta medio llena y ojalá la podamos rellenar".

El Director de la MAPP OEA, Marcelo Álvarez, calificó el debate de constructivo, particularmente proviniendo la iniciativa del Congreso de la República. Exigen, sin embargo, un enfoque maximalista (que  no se limite al tema de seguridad, y que tenga a las víctimas en el centro del proceso), el fortalecimiento de la institucionalidad, los partidos, la comunidad internacional y el tejido social. Recordó que cada especulación se paga con vidas humanas, y que “si queremos construir nuevas realidades, no nos podemos concentrar solo en ideas sino en sentimientos”.

Por su parte, Didier Pfirter, el Embajador de Suiza, recordó la tensa relación que existe entre los componentes de justicia y paz en el marco de la justicia transicional. Considera sin embargo, que "no hay soluciones fáciles, pero si se buscan, las hay". Señaló también que la verdad y la reparación son formas de justicia y castigo. Finalmente, dijo que es un “mito” que los estándares del Estatuto de Roma limiten la posibilidad de llegar a acuerdos de paz.

El Presidente Juan Manuel Santos agradeció la presencia del Juez Baltasar Garzón. Considerando que  la Ley de Justicia y Paz estaba muerta para la comunidad internacional, el Juez Garzón ha venido ayudando para que la ley se aplique bien y la comunidad internacional la entienda adecuadamente. El Presidente a su vez recordó que la "no existe dicotomía entre los Estados y la Corte Penal Internacional, la dicotomía existe entre los Estados y quienes competen los crímenes atroces". En tanto que cumplamos con el Derecho Interno, estaremos cumpliendo con el Derecho Internacional. Colombia ha adoptado todos los parámetros internacionales en su jurisdicción interna, y en tanto que las cortes internacionales son residuales, será solo si no actuamos adecuadamente que las cortes extranjeras podrán intervenir. 

De otra parte, señaló que "somos un ejemplo a nivel mundial gracias al proceso de justicia transicional que hemos venido adelantando, pero hemos aprendido sobre la marcha". A la fecha, 52 mil personas se han desmovilizado. Si hay verdad, justicia y reconciliación seremos un país mas unido. Por tanto, vamos a complementar la Ley de Justicia y Paz con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. El objetivo es ayudar a sanar las heridas".

Además, dijo que "Los latinoamericanos pasamos el 80 por ciento hablando del pasado y solo el 20 por ciento hablando del futuro. Queremos que esto se revierta". Para mirar hacia adelante, dijo se necesita  del apoyo de la cooperación internacional, y de procesos de justicia transicional que logren transformaciones. Sin embargo, cómo conciliar la justicia y la paz será una discusión eterna, por lo que el congreso es el escenario adecuado para tratar de resolver el debate. Sin embargo, debe existir consenso entre las tres ramas del poder público, con el fin de lograr la reconciliación y no repetición de los hechos. Recordó que la Justicia transicional debe ir acompañada de acción política, sin afectar la gestión de la justicia, y que la paz es un asunto de corresponsabilidad entre diferentes actores sociales.   

Cerró señalando que el debate de hoy “es un ejercicio académico responsable. Los procedimientos y el momento son cruciales. Me acusan de querer la paz y soy culpable de quererla, porque sí se puede".

Panel I-Justicia penal vs. Justicia Transicional: El derecho a la paz en el marco de los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación

El Juez Baltazar Garzón inició la sesión señalando que "el derecho a la verdad es inalienable e inprescriptible". Considerando que vivimos en tiempos de incertidumbre, “La verdad, justicia y reparación se constituyen en la trípode de la paz. Señaló que la Ley de Justicia y Paz no debe aplicarse parcialmente sino en su totalidad. Las comisiones de la ley de justicia deben ser complementadas por otras otras comisiones, ya que las primeras no dan abasto.

Sin embargo, señaló que los procesos de transición deben darse de forma plausible. Y el desarrollo de estos procesos no debe darse de manera impuesta, si no siendo concertadas y aceptadas por los involucrados.

En esta medida, dijo que el caso colombiano se puede calificar como único, ya que mientras se aplican las leyes de transición, los grupos armados reinciden. "Se ha avanzado en un modelo exportable". En este sentido es muy relevante el papel de la sociedad civil que deben ser activos y críticos, y deberán hacerse parte en el diseño de la política a seguir.

De otra parte, señaló que debe tenerse en cuenta que los estándares de la justicia transicional son diferentes a los de la justicia ordinaria. Para que el proceso debe haber compromiso desde la política y la justicia, un esfuerzo conjunto y consensuado desde ambos frentes. En esta medida, la  Corte Suprema y Corte Constitucional juegan un papel relevante.  La Corte ha aportado mayor seguridad jurídica en el país. Ejemplo de esto son los 27 gobernadores investigados por su incidencia en la violencia y nexos con grupos al margen de la ley. Este proceso no se debe alejar de la necesidad de que se garanticen los estándares mínimos de justicia a la víctimas, sin irrespetar las garantías de los victimarios. "Las víctimas deben estar en el centro del análisis, es una actitud de corresponsabilidad" discurso común o ara ir en la misma dirección. Respetar la garantía de los victimarios. Cerró señalando que "hoy es siempre todavía para alcanzar el objetivo".

De otro lado, Eduardo Pizarro señaló que la Corte Penal Internacional debe actuar actualmente en conflictos armados internos, no internacionales. Este giro se dio luego del genocidio en Uganda. De esta manera, deben intentar conciliarse los parámetros en materia de justicia y paz. Sin embargo siempre hay posibilidades de lograr la reconciliación a través de la justicia nacional e internacional. Señaló que “La Corte Penal Internacional debe ser un aliado”.

León Valencia señaló que existen dos vertientes diferentes, la justicia punitiva y justicia de reconciliación, esta última que privilegia la verdad sobre el castigo. Para el no es cierto que los anteriores procesos de transición hayan promovido la impunidad. La preocupación fundamental de los actores al margen de la ley es que exista el marco jurídico adecuado, el cual debe construirse a través de estas iniciativas. 

El Juez Baltasar Garzón aclaró que la justicia transicional no puede confundirse con amnistía.

Según Iván Orozco,  Alemania represento el modelo de victimización vertical. Después de la II Guerra Mundial el modelo fue punitivo, un procedimiento que debe corregirse. Actualmente, muchas más amnistías de la guerra a la paz que dictaduras. Las justicias condicionales pueden ser útiles en procesos de transición. La nueva conciencia humanitaria ha estado dominado por juristas del Cono Sur, y de modelos de victimización vertical.

Según Mauricio Fajardo, la paz es un suscito bondadoso de la justicia, pero hay que elegir entre justicia y paz. El desafío sin embargo es lograr una paz justa. Hay que buscar mecanismos de instrumentos internacionales adaptados a las necesidades nacionales. El tema punitivo no es el único que debe mirarse. El Consejo de Estado debe estar dispuesto a este proceso.

Para Mario Gonzalez, la evolución del derecho internacional prohíbe la amnistía para los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por tanto deberían existir penas condicionadas para quienes hayan cometido crímenes de guerra, e indultos y amnistías condicionadas para algunos.

De otra parte, Juan Carlos Henao señaló que la Ley de Justicia y Paz incluye parámetros de reparación integral. Sin embargo, no se ha resuelto qué es la reparación, y hasta dónde va la reparación económica. Planteó la pregunta, ¿dónde está en la constitución que se debe reparar integralmente? Señaló que hay diferencias entre la reparación administrativa y legal.

Panel II. ¿Cuáles podrían ser los escenarios y mecanismos de justicia transicional aplicables a las partes  del conflicto armado colombiano?

De acuerdo con Pablo de Greiff, el caso colombiano es novedoso por implementar mecanismos de justicia transicional en el marco de un conflicto que aún continúa, no post-dictatorial. La pregunta es, ¿las medidas de justicia transicional son mecanismos idóneos para construir la paz? El proceso debe ser seguridad-desarrollo-justicia? No, se deben trabajar como frentes paralelos. La justicia transicional sí contribuye a la paz, en tanto que permite afianzar la seguridad y avanzar en materia de desarrollo. El logro más grande de la Ley de Justicia y Paz fue haber visibilizado a las víctimas, reconociendo sus derechos fundamentales.

Según De Greiff, el dilema consiste en si se debe repensar completamente la estructura legal, o seguir con la misma. Sin embargo, sería una ligereza desechar el camino recorrido, ya que no es posible continuar sin corrección, ni hacer borrón y cuenta nueva.

Presentó tres críticas:

1. La justicia ha dejado de lado la reforma de los aparatos de justicia
2. La sobrevaloración de mecanismos judiciales ha dejado de lado mecanismos de esclarecimiento
3. Los mecanismos deben apelar a la idea de crímenes políticos, lo que en Colombia se ha hecho inaccesible.

Adicionalmente, De Greiff se prefuntó si la justicia transicional es un tipo especial de justicia o no. Crees sin embargo, que es un barco rompehielos, que abre caminos hacia la justicia, en circunstancias transicionales. Sin embargo las demandas de justicia no cesan, incluso después de haber sido implementadas.

Natalia Springer inició su moderación preguntando: ¿qué sucede con amnistías conexas a delitos políticos? En el caso del narcotráfico, es posible una negociación?
Eduardo Montealegre abordó la pregunta critica el concepto de delito político consagrado en la Constitución Política de 1991. A nivel internacional, el criterio para conceder una amnistía no es la comisión de un delito político, si no si se trata de un delito de lesa humanidad.

De otra parte, Eduardo Montealegre señaló que los parámetros establecidos por el Estatuto de Roma no pueden interpretarse aislados de la realidad nacional, la realidad es que siempre hay delitos conexos. Considera que eventualmente las BACRIM sí podrían estar sujetas a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El problema consiste en que hay desconfianza frente a las políticas del gobierno, particularmente frente a programas de reparación y victimarios. No hay parámetros claros, y por tanto inseguridad jurídica.

Sergio Jaramillo debió responder a la pregunta de si el gobierno se ha planteado la necesidad de una reforma institucional a los aparatos de seguridad. Ante esto, contestó que sí, pero que al final del proceso que se inició con la Ley de Justicia y Paz.
De otra parte, Alfredo Rangel señalo que la guerrilla del M-19 tiene una deuda con el país, ya que al desmovilizarse, no cumplió ni siquiera con una mínima dosis de verdad. La paz es un ejercicio de soberanía nacional, hay que cumplir estándares, pero el ejercicio es creativo, nadie puede darnos “cartilla” sobre el tema.

Claudia Medina por su parte, señaló que los estándares internacionales son difusos, es mejor fiarse de los nacionales, los que ha establecido la Corte Constitucional. Respecto de la Ley de Justicia y Paz, señaló que:

• Fue un ejercicio de justicia penal mediática
• Poco alcance víctimas y desmovilizados
• Proceso de DDR que se le ha juzgado como política pública, con problemas estructurales en materia de seguridad
• Un número de reparaciones que tienden a garatizar derechos sociales mínimos, más que cualquier otra cosa.
De acuerdo con Eduardo Montealegre, se requiere una reforma constitucional para la paz que contenga los siguientes lineamientos:
• Replantear el concepto de delito político
• Crear una norma que permita consagrar el principio de oportunidad, aún respecto de delitos de jurisdicción de la Corte Penal Internacional, creer que todo se puede judicializar es un error
• Solucionar el debate de amnistiar por delitos de lesa humanidad. Si deben otorgarse amnistías, pero condicionadas en el marco de los parámetros de justicia transicional.
• Que el marco diseñado se aplique a todos los actores del conflicto, incluidas las fuerzas armadas.

Pablo De Greiff recordó que la justicia transicioanl no es un tipo especial de justicia, es una estrategia para lograr justicia, luchar contra la impunidad, no es una retórica para evadir parámetros internacionales. De esta manera, las medidas adoptadas deben ser parte de una política comprehensiva, y deben ser complementarias. Las medidas no se limitan a justicia, si no también a reforma política, instituciones de seguridad y demás
Por su parte, León Valencia señaló la necesidad de que se adelanté un proceso similar a Justicia y Paz para los militares, o que se incluyan en un marco de justicia transicional. Dijo que se ha dado un proceso de excesiva judicialización gracias a la implementación de la Ley de Justicia y Paz. La justicia entra a intervenir en acuerdos de paz cuando no hay transparencia en los términos del acuerdo, por tanto existe la necesidad de un pacto político más sólido. La justicia internacional no es ni la salvación, ni el problema, y la justicia no debe excluir la necesidad de un pacto político. Las normas internacionaesl se construyen por políticos, hay que asumir el estado de cosas. No es posible prescindir de ninguno de los actores (ni de políticos, ni de jueces).

En consecuencia, Valencia se pregunta, ¿qué se puede ofrecer hoy día a los actores armados legales e ilegales? La amnistía es necesaria, pero está en retroceso. Pero sí hay que definir el papel de cada protagonista, incluida la justicia. Pensar en la posibilidad de implementar vías intermedias entre justicia y amnistía.

Alfredo Rangel por su parte, sugiere profundizar en mecanismos propios (nacionales) antes que en el derecho penal internacional. La “paz justa”, es el balance adecuado entre todos los elementos.

Iván Orozco señaló que se ha “perrateado” el crimen de lesa humanidad, ya se usa para todo. Es importante que el país se ponga de acuerdo en qué está dispuesto a ceder y qué no. Los jueces no pueden  ser entendidos como un “obstáculo” para la paz. El marco legal se debe discutir en el Congreso, pero los jueces no deben quedarse al margen. El problema en Chile no fueron los jueces, si no los militares, y la justicia dio un ejemplo condenando a los perpetradores.