Partidos trabajan bajo presión para evitar sanciones

Todos los partidos políticos trabajan  a marchas forzadas para que antes del inicio de inscripción de candidatos a las elecciones del próximo mes de octubre,  logren estar acordes con la reforma política aprobada en el Congreso de la República en diciembre de 2010 y que en la actualidad está en revisión en la Corte Constitucional.  

Estas son las primeras elecciones en las que un partido puede recibir severas sanciones, incluso perder la personería jurídica, si inscribe a un candidato que está inhabilitado,  o tiene alguna incompatibilidad para ser elegido, o tiene vínculos con grupos ilegales,  o ha cometido delitos contra la democracia o de lesa humanidad.

En consecuencia, cada agrupación política ha elaborado su propia ruta para evitar sanciones durante las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejos y juntas administradoras locales, y todas han tomado medidas para contribuir a fortalecer la democracia, como la inclusión en sus listas de un 30% de mujeres.  Incluso, el senador del Mira, Carlos Baena, dijo que espontáneamente en las listas de ese movimiento se inscribió un 55% de mujeres.

Así lo expresaron diversos dirigentes políticos durante el  Foro “Por una Colombia bien gobernada.  Empieza la contienda electoral  ¿Cuáles son las reglas de juego?” organizado por la revista Semana, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en el Hotel Dann Carlton de Medellín el  04 de mayo pasado.

Sin embargo, los líderes políticos enfatizaron en que para poder cumplir esa tarea en todo el país es indispensable que  las  instancias de control del Estado informen de manera oportuna a los partidos sobre las personas que no cumplen los requisitos para ser elegibles por voto popular. Ese  llamado lo hicieron a la Procuraduría, la Contraloría, la Policía Nacional, Dijin, Dipol, la Fiscalía, el DAS y el Ministerio del Interior, principalmente.

El Partido Liberal fue el que mostró tener más adelantado el trabajo de revisión previa de la elegibilidad de sus posibles candidatos en todo el país; incluso voceros de otras colectividades preguntaron cómo lo habían hecho. El veedor liberal, Rodrigo Llano, dijo que de manera permanente han solicitado información a las instancias de control sobre los interesados en recibir el aval de la colectividad, por lo cual tienen en su poder extensos listados con los antecedentes de sus posibles candidatos. De igual manera contó que revisan constantemente las inhabilidades e incompatibilidades en la página del Consejo Nacional Electoral y en una cartilla de la ESAP y que están mirando con lupa los procesos de justicia y paz.

Los partidos que intervinieron en el Foro fueron el Liberal, Conservador Colombiano, Verde, de la U, Polo Democrático Alternativo, Cambio Radical, Movimiento Mira y PIN.
Durante los tres paneles que se realizaron en el Foro también se escucharon cuestionamientos a algunas medidas incluidas en la última reforma política, además de cifras que muestran el impacto que para el Estado y la ciudadanía representa la elección de personas que luego deben ser retiradas de sus cargos durante el periodo de su mandato, tras ser investigadas, porque no cumplían con todos los requisitos para ser elegidas.

La Consejera de Estado, de la sección quinta, Susana Buitrago Valencia, expresó la necesidad de evaluar de qué manera la decisión de evitar que sean elegidas por voto popular personas con investigaciones en curso y aún no condenadas podría afectar el derecho de participar y ser elegido que está consagrado en la Constitución Nacional.

Sugirió un mecanismo para no afectar ese derecho y a la vez no causar altos costos en dinero al Estado y en desánimo y abstención a los ciudadanos. Podría pensarse, dijo la magistrada, en un recurso similar al de España, que aplica en el lapso en que un candidato electo aún no ha sido proclamado, y que consiste en que un juez investiga y decide en corto tiempo si la persona puede o no acceder al cargo.

Según el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres, una idea de los altos costos en los que incurre el Estado por estos motivos se visualiza con un ejemplo: si un senador fue elegido con 50 mil votos y votaron por él en 250 mesas, con un promedio de 200 votos por mesa, su inhabilidad habría costado 475 millones de pesos, teniendo en cuenta que el costo aproximado por mesa es de un millón 500 mil pesos.