Meta abre el debate sobre Sistema Penal Acusatorio

Ausencia de personal y de capacitación fueron algunos de los reclamos a los cinco años de su implementación.

Una cultura que promueva los estímulos para lograr justicia fue el principal pedido en el foro “Sistema Penal Acusatorio: Colapso inminente?” organizado por la Revista Semana, la Gobernación del Meta, la Secretaría de Gobierno del Meta y Copdefensa.

La ausencia de suficientes funcionarios de policía judicial, la débil capacitación del personal y la falta de inversión en tecnología fueron otros reclamos de las autoridades. Oscar Toro, delegado del fiscal general de la nación, señaló que es difícil implementar el sistema penal acusatorio cuando la ley que lo creó ha sido modificada tres veces endureciendo la posibilidad de dar incentivos a quienes colaboren con el proceso.  (Presentación en PDF Fiscalía General de la Nación)

Otro de los temas que preocupa está relacionado con la defensa de los menores de edad que comenten delitos. Alfonso Chamie, director de defensa pública de la Defensoría del Pueblo, señaló que no hay suficientes fiscales para adolescentes. Así mismo, concluyó que es muy difícil para una misma entidad formar simultáneamente la defensa de los agresores y de los menores víctimas.

En relación con las cifras de alerta sobre el aumento de casos del sistema, María Elisa Rocha, directora de Fiscalías de Villavicencio señaló que estas se explican también en que ha crecido la confianza de los ciudadanos. En su jurisdicción (integrada por cinco departamentos), la Fiscalía ha pasado de realizar 14227 investigaciones en 2007 a 36822 en el presente año.

Sin embargo, las autoridades judiciales señalan que los delitos complejos no están siendo hoy analizados debidamente. “De 739 mil casos que están en indagación, entre el 85 y 90 por ciento son delitos menores”, afirma Hernando Torres, ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Lo mismo dicen los magistrados de las regiones. “Percibimos que el sistema acusatorio funciona solamente para los casos de flagrancia. Las investigaciones complejas no las conocemos”, concluyó Rogelio Elías Daza, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta. Por esta razón, se promueve en el congreso una ley que pueda atender estos delitos menores.

El magistrado Torres destaca que es necesario reconocer las virtudes del sistema. Por un lado, la rapidez con que se adelantan los procesos. Un caso por homicidio que antes tardaba 38 meses hoy sólo se demora 7.3 meses en resolverse. Por otro lado, el sistema también es más económico. Con la anterior ley se calcula que el costo promedio es de 913 mil pesos y ahora el costo es de 442.600 pesos.

Este foro permitió que las autoridades nacionales y regionales hicieran público el balance del sistema a cinco años de ser implementado en el país. Como bien señaló Ángela Moreno, Secretaria de Gobierno del Meta, estos espacios de reflexión también son importantes en la medida de que solucionan las preocupaciones de los ciudadanos que todos los días son víctimas de delitos.

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