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DESARROLLO SOCIAL Y LIDERAZGO

Las víctimas deben ser el centro de la implementación

Durante la negociación de los acuerdos de paz con las Farc fueron determinantes las víctimas y garantías a sus derechos. Cuando se avanza en implementación se espera que se respeten.

Las víctimas deben ser el centro de la implementación
Foros Semana
Aunque el punto cinco de los acuerdos de paz incluye el reconocimiento de las víctimas, la satisfacción de los derechos, la participación, el esclarecimiento de la verdad, la reparación, las garantías de protección y seguridad, la no repetición y el principio de reconciliación, hay una preocupación generalizada entre las organizaciones de víctimas y de derechos humanos sobre el papel protagónico de estas en la etapa de posacuerdo.

Así quedó manifiesto en el foro ‘Los derechos de las víctimas en la implementación de los acuerdos de paz’, organizado por Foros Semana y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el pasado 22 de marzo en Bogotá.

Para Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas, aunque el punto cinco del acuerdo se refiere a la transversalidad de las víctimas en todo lo acordado, hay que ser realistas sobre la política de atención y reparación: “debemos ser claros en lo que es viable y en lo que podemos hacer”.

Marco Romero, director de Codhes, cree que “aunque el acuerdo de La Habana plantea avances progresivos, hay que decirle al gobierno que la implementación tiene que ser de la misma calidad de la negociación, rescatando el peso de la participación de las víctimas”. Precisamente, Codhes elaboró un documento con 13 propuestas de ajustes normativos a la actual Ley de Víctimas a la luz de lo planteado en el acuerdo.

Otras preocupaciones de las víctimas se refieren a la reparación, la verdad y la Justicia Especial para la Paz (JEP). Recién aprobado por el Congreso el Acto Legislativo para crear la JEP, que establece una comisión de esclarecimiento para la verdad y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. En el foro se hizo un llamado para encontrar un equilibrio entre la celeridad de la justicia y la participación de las víctimas. Al respecto, Néstor Raúl Corres, secretario Ejecutivo Transitorio de la JEP, dijo que la JEP tiene que funcionar rápido, bien y cumplir con las funciones para las que fue creada. “Hay que buscar la forma que las víctimas tengan oportunidad de hacer presencia física, pero para efectos de intervenir judicialmente esto se debe coordinar para que participen una en nombre de todas”, aseguró Correa.

Sobre el tema, Fernando Vargas de Codhes mencionó que la organización logró incorporar en el Acto Legislativo que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el que se inserta la JEP, una proposición en la que se incluyó la obligación del Estado de brindar garantías suficientes para la participación de las víctimas.

La importancia de la paz territorial y los derechos de las víctimas que viven en el exterior también fueron analizados en el foro. Sobre el primero, el debate se centró en el Fondo Nacional de Tierras. Allí las preguntas son quién y cómo se van a definir las zonas para la economía campesina y las zonas para las empresas extractoras. Luis Jorge Garay, de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado, señaló que el posacuerdo está plagado de problemas territoriales basados en el aprovechamiento de la tierra y la explotación de los recursos naturales disponibles.

Sobre el tema de las víctimas en el exterior se requiere un trabajo coordinado entre la Unidad de Víctimas así como la Cancillería. Se propuso la creación de una Conferencia Internacional entre naciones que refugien colombianos para garantizar su integración local. A la fecha, el registro de víctimas fuera el país se encuentra abierto, y según Alan Jara, se están realizando tareas coordinadas con la Cancillería para brindarles garantías.

Por último, Odorico Guerra, Coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, señaló que las víctimas están dispuestas a realizar aportes: “no puede avanzar la implementación del Acuerdo sin la participación de las víctimas”.

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